La jueza Loretta Preska autoriza el embargo de bonos del Tesoro depositados en la Reserva Federal, mientras otros US$100 millones quedan congelados en disputa. Este hecho se suma a ejecuciones anteriores en Inglaterra, que ya significaron pérdidas millonarias para el país.
La Argentina enfrenta un nuevo golpe en su contienda judicial en el exterior. La jueza Loretta Preska, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, autorizó el embargo de activos equivalentes a US$310 millones en bonos del Tesoro estadounidense que el Estado tenía depositados en una cuenta en la Reserva Federal de Nueva York. De ese total, US$210 millones ya fueron ejecutados, mientras que otros US$100 millones quedan congelados hasta que dos grupos de acreedores, Attestor Master y Bainbridge Fund, concluyan la disputa sobre dicho monto.
Según explicó en sus redes Sebastián Maril, consultor especialista en los litigios que enfrenta Argentina en el exterior, esta ejecución se produce a pocos días de que otros acreedores en Inglaterra hicieran efectiva una garantía de US$325 millones en el marco del caso de los bonos “cupón PBI”. En conjunto, estos procesos han llevado a que la Argentina pierda en pocos días alrededor de US$635 millones en pagos derivados de juicios internacionales.
El conflicto se origina en deuda en default desde 2001. Los tenedores de bonos, conocidos popularmente como fondos buitre, que adquirieron la deuda que no participó en los canjes realizados en 2005, 2010 y 2016, han reclamado, en conjunto, US$464,4 millones. Los fondos que poseen menos del 3% de los tenedores originales han presionado en los tribunales para ejecutar garantías sobre los activos depositados como colateral de los bonos Brady, liberados tras el pago de la deuda en 2023.
La defensa argentina argumentó en su apelación que el excedente de títulos que quedó tras finalizar el pago de los bonos Brady pertenecía al Banco Central y no al Estado, y por lo tanto, debía estar exento de embargos en virtud de la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras. Sin embargo, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito rechazó este argumento, afirmando en reiteradas ocasiones que los derechos de reversión pertenecen a la Argentina, y que el país ya había utilizado dichos derechos en actividades comerciales.
En definitiva, el embargo de US$210 millones, junto a otras ejecuciones recientes, representa otro duro golpe para la Argentina en el exterior, evidenciando la fragilidad jurídica del país y la desconfianza de los inversores. Este nuevo revés subraya la necesidad urgente de resolver estos litigios para recuperar credibilidad y abrir paso a una mayor estabilidad en el acceso a capital en los mercados internacionales.
