El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó a la jueza Loretta Preska que rechace el pedido de Burford Capital, un estudio de abogados británico, para quedarse con las acciones de YPF, argumentando que esto violaría las normas de inmunidad soberana. Burford, especialista en demandas contra países soberanos, ya había ganado en primera instancia una sentencia que obliga a Argentina a pagar más de USD 16.000 millones por la expropiación de la petrolera en 2012, durante el gobierno de Cristina Kirchner.
Sin embargo, el gobierno estadounidense sostiene que los jueces de su país no tienen autoridad para ejecutar decisiones que afecten propiedades de estados extranjeros fuera de Estados Unidos, como es el caso de las acciones de YPF, que están registradas en Argentina.
Este respaldo del gobierno de Joe Biden llega en un momento clave, justo cuando Donald Trump ha sido confirmado como próximo presidente de Estados Unidos.
Según Sebastián Maril, experto en el caso, este apoyo podría abrir la puerta a que Argentina, en el futuro, pueda tomar medidas similares respecto a activos estadounidenses. Es decir, mayor reciprocidad entre los países. No obstante, la sentencia inicial contra Argentina no cambia y el país sigue en proceso de apelación, esperando una resolución en la Corte de Apelaciones de Nueva York el próximo año.
Este caso se suma a una “avalancha” de demandas millonarias contra el Estado argentino, representando un desafío importante para el presidente Javier Milei.
