El Gobierno oficializó un ajuste drástico en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), con recortes salariales del 80% para los puestos jerárquicos y la reducción del 45% en la plantilla de empleados. Las medidas, que buscan optimizar la estructura heredada de la ex-AFIP, se implementarán en un marco de ahorro fiscal significativo.
A través del decreto 13/2025, publicado en el Boletín Oficial, se estableció que el director ejecutivo de ARCA percibirá un sueldo equivalente al de un ministro, mientras que los directores generales tendrán un ingreso similar al de un secretario de Estado. Esto implica una fuerte caída en los salarios: el titular del organismo, Juan Pazo, pasará de cobrar $32 millones mensuales a $4 millones, mientras que los directores de la Dirección General Impositiva (DGI) y la Dirección General de Aduanas (DGA) verán reducidos sus ingresos de $17 millones a cifras significativamente menores.
El ajuste también incluye una disminución del porcentaje de la Cuenta de Jerarquización, que baja del 0,65% al 0,60% de la recaudación, generando un ahorro proyectado de $121.000 millones para 2025. Este fondo, vigente desde 2001, vinculaba los salarios de los altos funcionarios al nivel de recaudación fiscal, lo que generaba ingresos desproporcionados en los últimos años.
En paralelo, ARCA implementará un plan de retiro anticipado voluntario, limitado a 1500 vacantes, como parte de una reestructuración que busca optimizar los recursos humanos y reducir la dotación total en un 45%. Además, se pretende despedir a más de 3000 empleados acusados de haber ingresado de manera irregular durante la gestión anterior.
Con este recorte, el Gobierno busca transformar a ARCA en un organismo más austero y eficiente, alineado con sus objetivos de austeridad fiscal. Sin embargo, las medidas no están exentas de polémica, ya que generan tensiones por el impacto en las familias de los trabajadores despedidos y por los cuestionamientos sobre el futuro desempeño del ente recaudador.
