Se discutirán los nuevos cuadros tarifarios para Edenor, Edesur y Transener, que entrarían en vigencia en abril. Se evaluará un mecanismo de ajuste automático.
El Ente Regulador de la Electricidad (ENRE) convocó a audiencias públicas los días 26 y 27 de febrero para definir los esquemas tarifarios del transporte y la distribución de electricidad para los próximos cinco años. La medida afecta a Transener, responsable del transporte de energía en la red troncal nacional, y a Edenor y Edesur, las distribuidoras que operan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Según lo informado por el organismo, el objetivo es establecer un mecanismo de ajuste automático de tarifas, que elimine la discrecionalidad en la fijación de los aumentos. Aunque aún no está definida la periodicidad de los ajustes, podrían ser mensuales, bimestrales o trimestrales. El plan es que el nuevo esquema comience a regir en abril.
Es importante recordar que las audiencias públicas no son vinculantes, es decir, no generan un debate entre las partes ni garantizan que las opiniones de los usuarios sean incorporadas en la resolución final. La decisión sobre los aumentos y el esquema de tarifas quedará en manos de la Secretaría de Energía y el ENRE, que podrán tomar en cuenta –o no– los comentarios expresados durante la instancia expositiva.
En mayo del año pasado, el gobierno de Javier Milei suspendió transitoriamente los aumentos de tarifas, ya que consideró que su impacto sobre la inflación podía comprometer la meta de desaceleración del Índice de Precios al Consumidor (IPC). En aquel momento, debía aplicarse una fórmula polinómica que ajustaba las tarifas en base a la inflación minorista, la inflación mayorista y el índice salarial, pero el Ejecutivo optó por postergar su implementación.
En julio de 2024, el Ministerio de Economía volvió a habilitar las subas, aunque de manera discrecional, sin retomar la fórmula original de ajuste automático. Ahora, con la nueva convocatoria, el ENRE busca establecer un mecanismo más predecible para evitar intervenciones políticas en la fijación de los aumentos.
Como ha ocurrido en audiencias previas, se espera que las empresas concesionarias responsabilicen al Estado por la falta de inversiones, argumentando que los cambios en las reglas de juego y los congelamientos tarifarios de las últimas dos décadas les impidieron cumplir con los compromisos asumidos.
Sin embargo, tanto los fuertes aumentos aplicados durante el gobierno de Mauricio Macri, como los incrementos de los primeros meses de gestión de Milei, no han generado un salto significativo en la inversión ni han evitado problemas estructurales en el servicio eléctrico. Los recurrentes cortes de luz y fallas en la infraestructura siguen siendo una preocupación para los usuarios, lo que pone en duda que un nuevo esquema tarifario por sí solo sea suficiente para garantizar mejoras en el suministro.
En conclusión, con esta convocatoria, el Gobierno busca definir un régimen de tarifas eléctricas más estable que permita a las empresas planificar sus inversiones y a los usuarios prever los incrementos en sus facturas. Sin embargo, el impacto real dependerá de cómo se diseñe el mecanismo de ajuste automático y de si las compañías cumplen con las mejoras en el servicio que prometen con cada actualización de tarifas. A partir de abril, los consumidores del AMBA y el sistema eléctrico nacional enfrentarán un nuevo esquema de costos, que podría marcar el rumbo del sector por los próximos cinco años.
