El Ejecutivo apunta a reforzar las reservas internacionales con ingresos por ventas de empresas estatales como AySA, Transener e Intercargo. Las cifras, sin embargo, están muy lejos de las privatizaciones de los años 90.
Con el objetivo de apuntalar las reservas del Banco Central, el Gobierno avanza con la privatización de empresas públicas y concesiones de infraestructura. Ya oficializó la venta de Impsa por 27 millones de dólares, y ahora prepara la salida de activos como AySA, Transener, Intercargo, Belgrano Cargas y parte del paquete de autopistas operadas por Corredores Viales.
La mayor expectativa de ingreso está puesta en AySA. Aunque aún no cuenta con balances auditados, en 2024 reportó ganancias por primera vez en años. Si se toma una valuación de mercado similar a otras empresas del sector (10 veces su EBITDA), su valor podría rondar los USD 450 millones. El Estado planea vender en una primera etapa el 51% de su capital, con lo que podría recaudar unos USD 300 millones.
También hay expectativa en torno a Transener, donde el Estado tiene una participación indirecta del 26,3%. Dado su valor de mercado, esa porción podría significar unos USD 150 millones. En todos los casos, el principal desafío será convencer a los potenciales compradores de que las tarifas se actualizarán conforme a los marcos regulatorios, tras años de congelamientos.
En paralelo, el Gobierno ya inició el proceso para privatizar Intercargo y planifica concesionar segmentos del Belgrano Cargas, que será dividido en tres unidades de negocio. Esta última no se espera que genere ingresos relevantes, pero sí una mejora operativa si se logra una concesión eficiente.
Además, están en análisis posibles ventas parciales de Banco Nación (bajo un esquema similar al de YPF, con cotización en Bolsa pero control estatal), Arsat y varias centrales térmicas administradas por Enarsa. También se mantiene en agenda, aunque sin aval legislativo aún, una eventual privatización de Aerolíneas Argentinas.
Aun con estos movimientos, el Gobierno está lejos de alcanzar los niveles de recaudación de los 90, cuando el Estado vendió activos por más de USD 12.000 millones. Esta vez, el enfoque apunta más a atraer inversión privada que a generar un gran salto de divisas en el corto plazo.
