El fallo es parte de una causa que exige al país pagar USD 16.000 millones. El Gobierno apelará la decisión, que beneficia a fondos conocidos como “buitres”.
La jueza neoyorquina Loretta Preska ordenó esta semana que la Argentina transfiera el 51% de las acciones de YPF a los fondos que la demandaron por irregularidades en la expropiación de la petrolera en 2012. Es un nuevo capítulo de un juicio millonario iniciado por Burford Capital y Eton Park, que reclaman más de USD 16.000 millones por no haber recibido una oferta equitativa cuando el Estado tomó el control de la empresa.
Ambos fondos compraron los derechos de litigio a accionistas afectados por la nacionalización y acudieron a tribunales de EE.UU. bajo el argumento de que YPF cotiza en la bolsa de Nueva York. La jueza falló en contra de Argentina en 2023, y esta semana avanzó con una medida que apunta a asegurar el cobro: quedarse con parte del paquete accionario.
El Gobierno de Javier Milei ya anticipó que apelará el fallo “en todas las instancias que correspondan”, y denunció el accionar de los demandantes como oportunismo financiero. En paralelo, la Procuración del Tesoro había buscado frenar el embargo con apoyo del gobierno de EE.UU., pero no logró evitar la resolución judicial.
Aunque aún resta que se resuelvan las apelaciones, el caso representa un fuerte golpe económico y político: no solo compromete recursos del Estado, sino que vuelve a instalar el tema de la inseguridad jurídica en torno a la propiedad pública y privada en Argentina. Mientras tanto, los fondos buitre esperan cobrar.
