La unidad creada para indagar el rol del presidente Milei en la promoción del memecoin fue desactivada tras considerarse que “cumplió su tarea”. La causa penal continúa en la Justicia y en paralelo avanza una demanda colectiva en EE.UU.
El Gobierno nacional oficializó este martes el cierre de la Unidad de Tareas de Investigación (UTI) que se había creado para esclarecer las responsabilidades en la promoción de la criptomoneda $LIBRA, un activo digital que colapsó tras ser mencionado públicamente en redes por el presidente Javier Milei.
Según el decreto publicado en el Boletín Oficial, la unidad “cumplió con la tarea encomendada” y toda la información recabada fue remitida al Ministerio Público Fiscal. La medida, firmada por el presidente Milei y el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, implica la disolución formal del equipo ad hoc creado a raíz del escándalo mediático y financiero generado por la súbita caída del memecoin y la posterior desaparición de sus desarrolladores.
La oficina se había puesto en marcha a fines de febrero tras la polémica por los tuits del presidente en los que destacaba la criptomoneda. Su alza repentina fue seguida por un derrumbe que provocó importantes pérdidas para cientos de pequeños inversores. Desde entonces, el episodio dio origen a una causa judicial que permanece activa y busca determinar si existieron delitos económicos, manipulación de mercado o conflictos de interés.
A la par, una demanda colectiva avanza en Estados Unidos, donde se acusa a Milei de promoción engañosa. Los demandantes argumentan que sin su respaldo público, no habrían invertido en el activo digital. En Argentina, la oposición pidió interpelar a los ministros Guillermo Francos y Mariano Cúneo Libarona para dar explicaciones sobre lo actuado.
Aunque la Unidad de Tareas fue cerrada por decisión administrativa, el escándalo de $LIBRA sigue abierto en el plano judicial y político. En un escenario donde las criptomonedas aún no tienen un marco regulatorio sólido, el episodio deja expuesto el riesgo de las influencias institucionales sobre inversiones de alto riesgo.
