Sin acceso al financiamiento externo, el Gobierno busca habilitar el uso de divisas no declaradas para compras e inversiones, mientras surgen dudas por su encuadre legal.
Frente a las limitaciones para acceder al financiamiento de los mercados internacionales, el ministro de Economía, Luis Caputo, presentó la idea de permitir que los argentinos utilicen sus dólares no declarados sin restricciones formales, apuntando a dinamizar la actividad económica y reforzar la oferta de divisas. La propuesta, conocida como un “neo blanqueo”, busca destrabar los USD 250.000 millones que se estima están fuera del circuito financiero formal, incentivando su uso en la compra de autos, propiedades o bienes de capital.
El objetivo oficial es replicar el efecto positivo que tuvo el blanqueo del año pasado, que permitió el ingreso de más de USD 20.000 millones al sistema financiero, presionando a la baja al tipo de cambio y mejorando la valuación de los bonos. Sin embargo, aquella liquidez no logró trasladarse al sector productivo.
La implementación de este esquema requeriría cambios normativos en el Banco Central y la agencia recaudadora ARCA, para garantizar que quienes ingresen dólares al circuito puedan operar sin cuestionamientos sobre su origen. Pero la iniciativa enfrenta obstáculos regulatorios, ya que podría chocar con los compromisos internacionales de Argentina en materia de lucha contra el lavado de dinero.
Mientras tanto, el Gobierno mantiene la expectativa de que la liquidación de divisas de la cosecha gruesa y la reapertura de las inversiones extranjeras contribuyan a estabilizar el tipo de cambio, que sigue operando en el rango medio de la banda cambiaria, alrededor de $1200.
La estrategia busca generar confianza y captar ahorros fuera del sistema para aliviar las tensiones cambiarias, en un contexto de falta de acceso a los mercados de capital externos, más allá de algún que otro crédito de organismos internacionales. Sin embargo, la viabilidad legal y el impacto efectivo en la economía dependerán de cómo se compatibilice la flexibilización operativa con los estándares internacionales antilavado.
