El Gobierno oficializó la privatización total de Intercargo, la empresa estatal encargada de los servicios de rampa en 21 aeropuertos del país. A través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, la administración libertaria dispuso la venta del 100% de las acciones de la compañía mediante una licitación pública nacional e internacional.
Intercargo, fundada en 1961, tiene la concesión exclusiva de los servicios de asistencia en tierra, incluyendo el traslado de pasajeros, manejo de equipaje y carga en terminales clave como Ezeiza y Aeroparque. La empresa, que hasta 2023 recibía subsidios estatales para sostener su operatividad, quedó en la mira del Gobierno tras el recorte de asistencia financiera a compañías públicas. Según el decreto, la falta de fondos para modernizar la infraestructura y mejorar la eficiencia justifica su traspaso al sector privado.
La medida se enmarca en la Ley 27.742, conocida como “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, que habilitó la privatización de empresas estatales. El Gobierno sostiene que la apertura del sector traerá competencia, inversión y mejoras en la calidad del servicio. Además, la normativa busca garantizar la continuidad operativa de los servicios de rampa, considerados esenciales por la legislación aeronáutica vigente.
El proceso de venta será gestionado por el Ministerio de Economía, con intervención de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, una unidad ejecutora creada específicamente para estos fines. También se procederá a la rescisión del contrato de concesión que Intercargo mantiene con el Estado desde 1990, lo que facilitará la transferencia del paquete accionario.
La desregulación de los servicios aeroportuarios ya había comenzado con el Decreto 599/2024 y la Resolución 49/2024 de la Secretaría de Transporte, que establecieron un marco de competencia sin regulaciones tarifarias para los nuevos operadores. Con la privatización de Intercargo, el Gobierno refuerza su política de apertura de mercados y reducción del gasto estatal, trasladando la prestación del servicio a manos privadas bajo un esquema de competencia libre.
Esta medida se suma a otras iniciativas privatizadoras impulsadas por la administración Milei, como parte de su estrategia de reforma económica y ajuste fiscal. La licitación para la venta de Intercargo será lanzada en los próximos meses, y se espera que el sector privado tome el control de la empresa en el corto plazo.
