El Gobierno decidió evitar el debate legislativo y utilizar un decreto de necesidad y urgencia para refinanciar deuda con el Fondo.
El Gobierno confirmó que avanzará con un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para formalizar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), evitando así la discusión en el Congreso. La decisión fue anunciada en un comunicado oficial y responde a la posibilidad de que la oposición bloquee la aprobación de la medida.
El oficialismo argumenta que el acuerdo con el FMI no constituye un nuevo endeudamiento, sino una refinanciación de pasivos del Tesoro con el Banco Central, lo que le permitiría sortear la Ley Guzmán, que obliga a que cualquier operación de crédito con el organismo multilateral pase por el Congreso. Sin embargo, esta interpretación ya genera rechazo en sectores opositores y especialistas en derecho constitucional, que advierten sobre la legalidad de la maniobra.
Efectivamente se trata de eludir el Congreso para obtener el crédito, aunque en la Casa Rosada sostienen que el DNU es la herramienta más eficiente para concretar el acuerdo y consolidar el plan de estabilización económica. Según el comunicado oficial, la operación «permitirá fortalecer el balance del Banco Central, consolidar la estabilidad financiera y avanzar con la desinflación y la liberación de restricciones cambiarias».
El decreto, que será remitido a la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, entrará en vigencia de inmediato y solo podría ser anulado si ambas cámaras del Congreso lo rechazan explícitamente, un escenario poco probable considerando la fragmentación de la oposición.
El oficialismo busca evitar el desgaste que implicaría una discusión en el Congreso, especialmente en el Senado, donde el bloque kirchnerista tiene poder de veto y podría bloquear la aprobación del acuerdo. “En Diputados los votos están”, admitió una fuente del oficialismo, anticipando el conflicto que generaría llevar la discusión a la Cámara Alta.
El Gobierno de Milei insiste en que la operación no es un nuevo endeudamiento, sino un mecanismo para pagar deuda vieja con deuda nueva, una estrategia similar a la que utilizó en 2024 cuando aprobó vía DNU la posibilidad de que el ministro de Economía, Luis Caputo, renegociara deuda sin pasar por el Congreso.
Sin embargo, la ley Guzmán, sancionada en 2021 para evitar que futuros gobiernos tomaran deuda con el FMI sin aval legislativo, establece claramente que cualquier acuerdo con el organismo debe ser aprobado por el Congreso. La oposición ya anticipa que llevará el tema a la Justicia y no descarta presentar impugnaciones para frenar la medida.
Desde el FMI, la vocera Julie Kozack evitó entrar en la polémica, pero insistió en que «un fuerte respaldo político es clave para el éxito del programa», sugiriendo que el organismo preferiría que la operación contara con el aval del Congreso.
El acuerdo con el FMI contempla un desembolso de hasta US$20.000 millones, de los cuales US$12.000 millones se utilizarían para cancelar deuda con el Banco Central y US$8000 millones podrían destinarse a flexibilizar el cepo cambiario.
